Con base en precedentes constitucionales y jurisprudenciales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) permitir, de manera inmediata, una reunión entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su defensa técnica “sin ningún tipo de censura y en forma plenamente confidencial”, conforme a los parámetros establecidos por el máximo organismo electoral en materia contenciosa.
La Comisión advirtió que impedir el contacto entre una autoridad procesada y su equipo jurídico no constituye una simple limitación administrativa, sino una afectación directa al derecho constitucional a la defensa, lo que podría colocar al Alcalde en estado de indefensión y comprometer la validez del proceso de remoción que actualmente se tramita.
Además, solicitó que se facilite la suscripción de una autorización para que la defensa técnica pueda actuar como apoderada dentro del proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 336 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
El pedido surge tras el escrito presentado el pasado 18 de mayo por la defensa técnica del Alcalde, en el que se informó que, pese a múltiples gestiones realizadas ante el SNAI, no ha sido posible concretar una reunión con su patrocinado para preparar adecuadamente la estrategia jurídica dentro del proceso de remoción.
Frente a estos antecedentes, la Comisión insistió en que garantizar el ejercicio pleno de la defensa técnica es indispensable para asegurar la legitimidad del procedimiento y evitar futuras vulneraciones constitucionales que puedan derivar en cuestionamientos o eventuales nulidades dentro del proceso de remoción.
