En sesión extraordinaria realizada la tarde de este viernes 26 de junio, la mayoría del Concejo Municipal aprobó acoger la recomendación de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones de no remover del cargo al alcalde Aquiles Alvarez, dentro del procedimiento de remoción seguido en su contra.
De esta manera, el Burgomaestre continuará al frente de la institución, respetando la voluntad popular expresada en las urnas. La sesión fue liderada por la concejala Emily Vera, luego de que la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, se excusara de participar en aplicación del artículo 336 del COOTAD. De acuerdo con lo establecido en este artículo, ni la primera autoridad (el Alcalde) ni la segunda autoridad (la Vicealcaldesa) pueden intervenir en el trámite de un procedimiento de remoción, incluida la sesión en la que se decide la permanencia o remoción del alcalde.
La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones analizó tres denuncias presentadas en abril de 2026 por David López Banegas, Óscar Velarde Muñiz y Hugo Córdova Hidalgo. La Comisión desechó las dos primeras y calificó la presentada por Hugo Córdova Hidalgo para continuar con el trámite correspondiente. Sobre esta denuncia, presentó un informe de 12 páginas, que fue leído íntegramente al inicio de la sesión extraordinaria.
Durante el período probatorio, comprendido entre el 3 y el 16 de junio, Córdova presentó un desistimiento que no fue aceptado por la Comisión, con el propósito de proteger los derechos políticos del alcalde y brindar certeza jurídica respecto a su permanencia en el cargo para el cual fue elegido por voluntad popular.
El informe detalla que la causal invocada —ausencia del cargo por más de tres días hábiles sin una subrogación legal ni causa justificada (artículo 333, literal b, del COOTAD)— no se configura. Si bien el alcalde se encuentra privado de libertad desde febrero, existe una subrogación legal y debidamente ratificada a la vicealcaldesa Tatiana Coronel, conforme a los artículos 61 y 62 del COOTAD.
Además, señala que la ausencia tiene una causa justificada, ya que no puede imputársele responsabilidad por tratarse de una privación de libertad que vulnera sus derechos, tanto el derecho a la libertad personal como el derecho a la integridad física, protegidos por la Constitución y por instrumentos internacionales de derechos humanos.
La Comisión concluyó que remover al Alcalde en estas circunstancias constituiría un acto injusto y una doble vulneración, ya que, además de afectar sus derechos a la libertad personal y a la integridad física, protegidos por la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, también se vulnerarían sus derechos políticos, amparados en el artículo 61 de la Constitución y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por la naturaleza de los derechos políticos, su vulneración afectaría no únicamente al Alcalde, sino también a la colectividad que votó por él para ejecutar el plan de trabajo presentado.
En la sesión intervino el abogado David Norero, en representación de los apoderados del alcalde Aquiles Alvarez. Por parte de los denunciantes no hubo presencia.
La concejala Ana Fuentes destacó que se trata de una “ausencia forzada” y que el alcalde “no está de vacaciones, está ausente porque está en prisión sin sentencia”. Recordó que la voluntad popular debe respetarse y anunció su voto a favor del informe.
Por su parte, el concejal Terry Álvarez sostuvo que “este Concejo no puede cometer un acto injusto” y que la remoción profundizaría una afectación de derechos fundamentales. “Se trata de una decisión constitucional”, afirmó.
A su vez, el concejal Arturo Escala, presidente de la Comisión, defendió el trabajo realizado por su apego a la Constitución y a la ley. “El informe está hecho en legal y debida forma”, señaló, y pidió a sus colegas que, luego de escucharlo íntegramente, votaran con convicción.
Con una votación de 12 votos a favor y 3 en contra, el Concejo Municipal ratificó el respeto al debido proceso y al principio de que la remoción de una autoridad política no es automática, sino que requiere un análisis responsable por parte del Concejo Municipal, así como el respeto a los derechos políticos tanto de la autoridad electa por voluntad popular como de los ciudadanos de Guayaquil que la eligieron para ejecutar su plan de trabajo.
