Entre 2023 y 2026, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos atendieron a 6.335 víctimas por vulneración de derechos en Guayaquil. De este total, 4.613 corresponden a niños, niñas y adolescentes, principalmente afectados por maltrato y negligencia. Como respuesta, se levantaron 3.980 expedientes administrativos y se otorgaron 8.284 medidas de protección.
Estos datos evidencian una problemática de violencia en el núcleo familiar que se ha incrementado en los últimos años. Esta situación tiene raíces en heridas emocionales no sanadas, problemas de consumo de sustancias y factores socioeconómicos que afectan la convivencia familiar.
Ivonne Zamora, miembro principal de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, sede Centro, señaló que “a mayor criminalidad, también aumenta la violencia intrafamiliar, especialmente aquella que afecta a niños, niñas y adolescentes que conviven con sus padres o cuidadores”. Además, explicó que, en muchos casos, los padres no cuentan con las herramientas necesarias para gestionar sus emociones, lo que termina afectando a los menores.
Frente a estos escenarios, se activan protocolos especializados para la atención integral de las víctimas, que incluyen evaluaciones psicológicas y acompañamiento jurídico, mediante la articulación con distintas dependencias municipales. En determinados casos, también se coordina con organizaciones aliadas como Aldeas Infantiles SOS, que ofrecen programas de fortalecimiento familiar, modalidades alternativas de cuidado y procesos de autonomía juvenil, para garantizar entornos seguros y protectores.
Aurelio Díaz, director de Aldeas Infantiles SOS Programa Guayas, explicó que “contamos con equipos especializados que aplican herramientas para desarrollar planes de acompañamiento dirigidos a niños, niñas, adolescentes y sus familias, con el fin de restituir sus derechos. Si un niño no puede regresar con su familia biológica, buscamos alternativas que aseguren su protección en un entorno seguro”.
Asimismo, Díaz destacó que, en casos de agresión, los menores ingresan a sistemas de acogimiento donde reciben seguimiento psicosocial continuo. En el ámbito legal, además, se informa periódicamente a las autoridades competentes sobre cada proceso.
Por su parte, María Rosa González, coordinadora de Juntas Cantonales y Gestión Jurídica del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (CCPIDG), recordó que cada caso requiere seguimiento permanente. “Los procesos relacionados con niños, niñas y adolescentes no se cierran hasta que la víctima cumple la mayoría de edad. Incluso después, puede reactivarse una investigación si persisten condiciones de riesgo”, dijo.
Con estas acciones, la Alcaldía de Guayaquil trabaja en la prevención, detección temprana y denuncia oportuna para erradicar la violencia en la ciudad.
