Cuatro normativas orientadas a proteger el patrimonio cultural, habilitar un desarrollo industrial ordenado, avanzar en el tratamiento de aguas residuales y autorizar una urbanización de interés social recibieron luz verde en la más reciente sesión ordinaria del Concejo Municipal, liderada por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.
El cuerpo edilicio aprobó el convenio de cooperación interinstitucional que permitirá transferir USD 30 millones no reembolsables del Municipio a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP) para continuar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Merinos, ubicada al norte de la ciudad.
El concejal Fabián Espín explicó que los recursos financiarán el componente de saneamiento urbano integral del sistema noroeste y subrayó la importancia de no interrumpir la obra. “Hoy, organismos como la CAF y el Banco Mundial creen en Guayaquil, y este es un claro ejemplo”.
En la misma línea, la Alcaldesa (s) destacó que la planta devolverá agua tratada al ambiente de forma limpia, beneficiará al río Daule, al golfo y a la fauna, y convertirá a la ciudad en la primera del Ecuador en tratar el 100 % de sus aguas residuales, dejando un legado ambiental de alcance nacional y regional. “Yo sí apoyo esta megaobra. Se han presentado desafíos, como en toda megaobra, pero va a quedar como legado para la ciudad y de eso debemos sentirnos orgullosísimos”, dijo.
Mientras tanto, en segundo debate se aprobó la ordenanza para la gestión del patrimonio cultural del cantón, la primera normativa integral de este tipo. La concejala Blanca López indicó que la ordenanza establece reglas claras para proteger, conservar y poner en valor los bienes materiales e inmateriales; institucionaliza la competencia patrimonial local después de 40 años de la declaratoria del barrio Las Peñas y fortalece la identidad y la coordinación institucional.
“Es también una apuesta para el futuro, para las próximas generaciones. El patrimonio no solamente es bonito para la foto: tiene que haber una política pública que lo proteja, que lo conserve y que también recuerde que cualquiera que atente contra él va a ser sancionado”, expresó.
Asimismo, se aprobó en segundo debate la ordenanza que modifica el uso de suelo a industrial de mediano impacto y los parámetros de ocupación de tres predios específicos donde se desarrollará el proyecto Almax. El concejal Arturo Escala destacó que la regulación se ajusta a la vocación logística e industrial del sector y cuenta con los estudios técnicos correspondientes. “A fin de garantizar el desarrollo urbanístico ordenado y sostenible del proyecto Almax y, sobre todo, el orden que todos debemos tener en esta ciudad”, refirió.
Por último, el Concejo conoció y resolvió favorablemente el informe jurídico relativo a la urbanización de interés social Vía di Vento 1. Con ello, aprobó el plano definitivo del proyecto, la autorización para la venta de solares condicionada a la entrega de una garantía por el 37,62 % de las obras faltantes (equivalente a USD 1.047.967,52), el nuevo presupuesto de obras urbanísticas por USD 2.545.595,68, la actualización de los cronogramas y la primera reforma del reglamento interno.
La concejala Shirley Aldas señaló que la decisión impulsará proyectos de vivienda de interés social y demuestra que Guayaquil avanza con planificación, responsabilidad y visión social.
