El Concejo Municipal de Guayaquil aprobó tres importantes normativas orientadas a proteger el patrimonio cultural, impulsar el desarrollo ordenado y establecer reglas claras en materia tributaria en la ciudad. Estas decisiones buscan fortalecer la seguridad jurídica, preservar la identidad local y facilitar proyectos productivos que generen beneficios para las arcas municipales. Durante la sesión, liderada por la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, se dio luz verde a estos proyectos normativos tras el correspondiente debate.
En segundo debate se aprobó la Ordenanza Sustitutiva de la Ordenanza que Reglamenta la Determinación y Recaudación del Impuesto del 1,5 por mil sobre los Activos Totales en el cantón Guayaquil. La norma actualiza el marco local para alinearlo con la legislación nacional y la jurisprudencia vigente, sin crear un nuevo tributo.
La concejala Emily Vera destacó que la propuesta garantiza seguridad jurídica y establece reglas claras sobre el domicilio tributario y los establecimientos de las sociedades sujetas al impuesto. Además, incorpora exoneraciones para las actividades agrícolas, acuícolas y pesqueras. “Se eliminan las sanciones o multas por declaración o pago tardío, así como las multas a empresas en liquidación que no notifiquen su estado”, señaló.
Por su parte, la Alcaldesa (s) enfatizó que no se trata de un impuesto nuevo, sino de una ordenanza vigente desde 2011, que ha tenido reformas posteriores y que cumple con lo dispuesto por la Corte Constitucional.
Por otro lado, en primer debate se conoció el proyecto de Ordenanza para la Gestión del Patrimonio Cultural en el cantón Guayaquil. La iniciativa busca establecer, por primera vez, una normativa integral que permita gestionar de manera efectiva los bienes y expresiones que conforman la identidad de la ciudad.
La concejala Blanca López recordó que, desde hace más de 40 años, Guayaquil no contaba con una ordenanza de este tipo, pese a tener más de 500 edificaciones inventariadas y decenas de espacios históricos. Subrayó que la norma es necesaria y perfectible, e incluye incentivos, mecanismos de apoyo para los propietarios y un régimen sancionatorio. “Vamos a poder saber qué tenemos en la ciudad, dónde está, cuál es su valor, en qué estado se encuentra y cómo debe protegerse el patrimonio cultural de Guayaquil”, afirmó.
La Burgomaestre precisó que la ordenanza no se limita a las edificaciones. “No se trata solamente de proteger edificios; también protege saberes, tradiciones, memoria, arqueología y bienes culturales. Es decir, preservamos no solo los lugares, sino también aquello que nos hace guayaquileños: nuestra memoria, nuestras costumbres y nuestra identidad”.
Finalmente, en primer debate se trató la Ordenanza que contiene el Plan Parcial de Cambio de Normativa Urbanística Específica, que busca modificar el uso de suelo a industrial de mediano impacto en tres predios donde se desarrollará el proyecto ALMAX.
La iniciativa pretende establecer una regulación urbanística específica para un sector con vocación logística e industrial de servicios, aprovechando su ubicación estratégica en la Vía a la Costa.
