Un operativo interinstitucional permitió la clausura de una clínica veterinaria clandestina que operaba sin permisos y realizaba intervenciones quirúrgicas en condiciones insalubres a perros y gatos, en una vivienda ubicada en la ciudadela Vergeles, al norte de Guayaquil.
La intervención fue ejecutada por el Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales, la Dirección de Justicia y Vigilancia, Segura EP y la Policía Nacional. Durante el ingreso al inmueble, las autoridades encontraron 23 animales (21 gatos y 2 perros) que habían sido sometidos a esterilizaciones y permanecían sedados, lo que evidenciaba graves riesgos para su vida y bienestar.
“Es un caso que veníamos siguiendo desde hace algún tiempo. Esto atenta contra la seguridad y el bienestar de nuestros animales de compañía, tanto perros como gatos, en el afán de lucrar. Se considera maltrato por las condiciones en las que se realizaban estos procedimientos”, indicó Carlos Román, director de ProAnimal.
El establecimiento no cumplía con las condiciones técnicas para operar como centro veterinario y carecía de permisos obligatorios, como el Certificado de ProAnimal y la Licencia Anual de Funcionamiento de Establecimientos (LAFE). Además, se detectaron graves irregularidades sanitarias, como la falta de cadena de frío para medicamentos, el uso de hilos de pescar para suturas y la utilización de detergente doméstico en instrumental quirúrgico. Los animales rescatados fueron trasladados al Centro Veterinario Municipal para su atención y resguardo.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no confiar en servicios informales y recordaron que el Municipio ofrece estas atenciones de manera gratuita y segura. “Contamos con la clínica del Centro Veterinario Municipal, brigadas móviles que recorren el territorio los sábados en el Parque Samanes y más de ocho puntos fijos en distintos sectores de la ciudad, con médicos calificados y en condiciones adecuadas para garantizar el bienestar de los animales”, agregó Román.
El Municipio iniciará un procedimiento administrativo sancionador contra los responsables por incurrir en infracciones graves contempladas en la normativa vigente, entre ellas el incumplimiento del artículo 58, por no contar con el Certificado de Bienestar Animal, y la vulneración del artículo 33, relacionado con las condiciones de transporte de animales de compañía. Estas faltas pueden ser sancionadas con multas de entre tres y siete salarios básicos unificados, además de hasta 300 horas de servicio comunitario.
