Un local ubicado en las calles Alcedo y José Mascote y un puesto de venta de cárnicos, situado en la ciudadela Sauces 3, fueron clausurados por personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia, por no contar con los permisos habilitantes y por funcionar en condiciones insalubres.
En el establecimiento situado en Alcedo y José Mascote se constató la existencia de por lo menos treinta aves de corral enjauladas, entre gallinas y patos. Se procedió al retiro de las especies y al cierre definitivo del negocio, debido a que los propietarios irrespetaron el sello de clausura provisional que ya se les había colocado semanas atrás y funcionaba de manera clandestina.
En Sauces 3 se evidenció el funcionamiento de un sitio de expendio de carne de pollo y de cerdo que ocupaba la vía pública. Además, en el interior del local donde se almacena la carne no constaba con un adecuado sistema de refrigeración y emanaba malos olores.
El subdirector de Justicia y Vigilancia, Ab. Jimmy Ruiz, explicó que, en el caso de las aves de corral, “el local estaba clausurado y ya se había abierto un expediente administrativo sancionador, pero no se respetaron los sellos de clausura y, de acuerdo a la ordenanza que regula, la protección, tenencia y control de la fauna urbana en el cantón Guayaquil, hemos procedido al retiro de las especies para ponerlos a disposición de la Dirección de Bienestar Animal”.
Añadió que en este caso la clausura será definitiva porque irrespetaron el sello provisional y sus propietarios no han comparecido a ejercer su derecho a la defensa; estas aves eran puestos a la venta de manera ilegal por los alrededores del sector y cerca del mercado Pedro Pablo Gómez.
En el caso del establecimiento en Sauces 3, indicó que previa denuncia ciudadana “una persona, de manera reincidente, expende productos cárnicos como cerdos y pollos en la vía pública, sin contar con los permisos municipales, como la tasa de habilitación, además que realiza la venta en condiciones insalubres”.
De allí que se procedió a la desocupación de la vía pública, el retiro de los productos y, posteriormente la apertura de expediente administrativo sancionador, donde el ciudadano podrá comparecer y cumplir con el debido proceso.
