La gestión impulsada por el Municipio de Guayaquil obtuvo un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado (PGE) que abre la vía legal para avanzar en una solución definitiva para el edificio Multicomercio, declarado técnicamente en ruina tras el incendio que comprometió su estructura.
A través del Oficio Nro. AG-AAA-2026-4934, remitido por la alcaldesa (s) Tatiana Coronel el Municipio consultó a la PGE sobre los mecanismos legales aplicables para ejecutar la enajenación forzosa de inmuebles en estado de ruina, prevista en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). En respuesta, el organismo determinó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales pueden regular mediante ordenanza los aspectos instrumentales necesarios para llevar adelante este procedimiento.
El pronunciamiento constituye un paso clave para el caso del Multicomercio y demás edificaciones que se encuentren en la misma situación, ya que la normativa nacional dispone la enajenación forzosa de los inmuebles declarados en ruina cuando sus propietarios incumplen las obras de rehabilitación o demolición, pero no desarrolla el procedimiento específico para ejecutarlo, definir su valor de referencia o determinar la distribución de los recursos obtenidos.
Frente a este vacío normativo, la PGE concluyó que corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal regular estos aspectos mediante una ordenanza, en ejercicio de sus facultades normativas previstas en el COOTAD.
Con este respaldo jurídico, el Municipio inicia la elaboración de una ordenanza que establecerá las reglas necesarias para aplicar este mecanismo en inmuebles declarados en ruina. La normativa deberá definir aspectos relacionados con la convocatoria y adjudicación de la subasta, los criterios para determinar el valor base del inmueble y los procedimientos para la liquidación y distribución de los recursos obtenidos.
La PGE también precisó que el avalúo catastral vigente no constituye automáticamente la base de la subasta y que dicha definición deberá ser establecida por el Gobierno Autónomo Descentralizado a través de la normativa correspondiente. Asimismo, señaló que los mecanismos para la distribución de los recursos en inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal deberán ser regulados por el Municipio.
La futura ordenanza será elaborada con sustento técnico, financiero y jurídico y posteriormente remitida al Concejo Municipal para su debate y aprobación.
Este pronunciamiento representa un hito para Guayaquil y para el país. Gracias a la gestión impulsada por el Municipio, hoy existe claridad jurídica para desarrollar la normativa que permita ejecutar la enajenación forzosa de inmuebles declarados en ruina. Este avance sienta un precedente para que otros Gobiernos Autónomos Descentralizados puedan implementar procesos similares dentro del marco de sus competencias, tomando como referencia la ruta impulsada por Guayaquil.
