El proceso administrativo relacionado con el complejo Multicomercio continuó con dos jornadas de notificaciones por prensa dirigidas a los propietarios de 72 predios que no pudieron ser notificados mediante boleta. Esta fase permitirá completar el procedimiento iniciado para los 463 predios que conforman el inmueble, declarado formalmente en ruina e inhabitable el 16 de julio de 2026. La estructura presenta un riesgo de colapso extremadamente alto, según el informe técnico de Segura EP.
Multicomercio es un bien inmueble privado conformado por locales comerciales, oficinas y residencias. Debido a esta condición, las instituciones públicas deben cumplir con el procedimiento establecido en la normativa antes de ejecutar cualquier intervención. El proceso administrativo se inició el 19 de marzo, cuando se emitieron los autos correspondientes a los 463 expedientes y comenzó la etapa de notificaciones.
Segura EP informó, el pasado 23 de febrero, que la edificación no era apta para el ingreso de personas y que el riesgo de colapso era extremadamente alto. El informe señaló que no era posible determinar con certeza el estado de elementos estructurales, como columnas y vigas, mediante una inspección interna debido a las condiciones de riesgo existentes. No obstante, advirtió que la exposición a altas temperaturas y los colapsos registrados previamente podrían haber comprometido significativamente dichos elementos. Por ello, recomendó mantener restringido el acceso al complejo.
Con base en este antecedente, el 18 de marzo la Dirección de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones determinó que el predio se encontraba en estado de ruina y recomendó iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. Tras cumplirse las etapas de audiencia, prueba y dictamen, se emitió la resolución que declaró formalmente la ruina e inhabitabilidad de la estructura y dispuso que los propietarios ejecuten, de manera conjunta, el derrocamiento técnico del inmueble.
Sin embargo, el 7 de agosto se verificó que no se habían ejecutado ni la demolición ni la limpieza de escombros. Por ello, el 11 de agosto se solicitó continuar con el mecanismo de enajenación forzosa mediante subasta pública, previsto en la normativa. Para avanzar por esta vía, primero debe completarse la notificación a los 72 propietarios pendientes. Una vez realizadas las dos publicaciones en fechas distintas y concluida esta fase administrativa, la Dirección de Justicia y Vigilancia podrá completar el trámite correspondiente a los 463 predios.
La declaratoria de ruina permite continuar con las acciones previstas en la Ordenanza de Edificaciones y Construcciones para el derrocamiento de la estructura. Al tratarse de un bien privado, la responsabilidad inicial de ejecutar y financiar el derrocamiento corresponde a los propietarios, conforme al procedimiento aplicable. Cualquier intervención directa de la Municipalidad debe sujetarse a las competencias, requisitos y mecanismos establecidos en la normativa.
En paralelo, se realizó una consulta al Procurador General del Estado para obtener claridad respecto al procedimiento de enajenación forzosa. El artículo 82 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo contempla esta figura; sin embargo, el caso plantea la necesidad de definir el procedimiento específico para su aplicación.
Mientras tanto, en materia de seguridad, Segura EP mantiene el monitoreo y seguimiento de la estructura a través de los sistemas disponibles en el C5GYE. El informe técnico recomienda restringir el acceso a la totalidad del complejo debido al riesgo de colapso y desprendimiento de elementos.
Durante las acciones autorizadas de recuperación, aproximadamente 63 propietarios y ocupantes ingresaron de manera controlada para retirar bienes, documentos y pertenencias, mientras que cerca de 20 vehículos fueron retirados de las áreas accesibles. Estos ingresos fueron coordinados bajo estrictas condiciones de seguridad y con el acompañamiento de la Policía Nacional.
Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) informó que la investigación pericial del siniestro fue remitida a la Fiscalía General del Estado y que sus resultados permanecen reservados, al formar parte de investigaciones en curso. Como parte de sus acciones preventivas, el BCBG mantiene operativos de control en edificaciones y bodegas que carecen de medidas de seguridad contra incendios. Durante 2026, se han registrado más de 250 clausuras de establecimientos de este tipo.
La institución recomienda a comerciantes y propietarios obtener el permiso de funcionamiento correspondiente y cumplir con las medidas de seguridad contra incendios antes de iniciar actividades comerciales.
