El aumento de denuncias por maltrato animal en Guayaquil ya no solo se refleja en los reportes ciudadanos, sino también en el número de expedientes administrativos abiertos por el Municipio de Guayaquil durante su actual periodo, una señal clara de que la violencia contra los animales de compañía está siendo cada vez más investigada y sancionada.
Los registros de la Comisaría Animal, adscrita a la Dirección General de Justicia y Vigilancia, revelan que entre 2023 y 2026 se iniciaron 667 expedientes administrativos por presuntas infracciones. La evolución de las cifras muestra un punto de quiebre en 2025, año en el que se abrieron 388 procesos, más del triple de los registrados en 2024, cuando se contabilizaron 120 expedientes, y casi tres veces más que en 2023, que cerró con 135.
Casos de encadenamiento, abandono, desaseo, hacinamiento, ataques y negligencia médica ya no quedan únicamente en el registro estadístico, sino que avanzan hacia procesos administrativos que buscan sancionar a los responsables. Cada expediente representa una investigación que derivó en acciones inmediatas en favor de los animales afectados.
La ordenanza de protección de la fauna urbana en Guayaquil clasifica el maltrato animal en infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones económicas que van de 1 a 7 Salarios Básicos Unificados (SBU), según la gravedad del hecho. Las faltas abarcan desde condiciones antihigiénicas o descuido básico, hasta el abandono, la crueldad extrema o la muerte del animal.
Desde el Municipio se recalca que el aumento de expedientes no implica necesariamente que exista más violencia que antes, sino que hoy hay más denuncias, mayor seguimiento y más decisiones administrativas frente al maltrato animal. En Guayaquil, la protección animal empieza a medirse no solo en rescates y atenciones veterinarias, sino también en decisiones legales que buscan frenar la impunidad y garantizar que cada acto de violencia tenga consecuencias.
