Tras el reporte de una denuncia difundida en redes sociales, se han conocido presuntos hechos de maltrato, tortura y muerte de perros en una camaronera de la Isla Puná, en los que se vincula de manera preliminar a personal de la camaronera.
La Ordenanza que regula la protección y control de la fauna urbana prohíbe expresamente prácticas como el ahogamiento, la sofocación y el enterramiento de animales vivos. La Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Pro Animal) se trasladará al lugar de los hechos para levantar un informe técnico sobre lo ocurrido. Con base en los resultados de esta inspección, se dispondrá a la Comisaría Municipal aplicar las sanciones administrativas correspondientes. Estas conductas constituyen infracciones muy graves, sancionadas con multas de tres a siete salarios básicos unificados y hasta 300 horas de servicio comunitario, conforme la normativa vigente.
Adicionalmente, estos hechos podrían configurar un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 250.1 que establece penas de seis meses a un año por la muerte de animales de fauna urbana, y de uno a tres años cuando exista crueldad. Por ello, en paralelo se ha instado a la Procuraduría Síndica del Municipio de Guayaquil a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía, a fin de que la investigación penal sea impulsada desde la vía correspondiente y se determinen responsabilidades con el rigor que exige la ley.
