La Alcaldía de Guayaquil cerró el 2025 con un balance positivo en el proceso de regularización y actualización catastral, al registrar 32.282 solicitudes a lo largo del año, de acuerdo con cifras oficiales de la Dirección de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones (DUMCE).
Del total ingresado, 30.258 trámites fueron atendidos y notificados a los usuarios, lo que evidencia un alto nivel de eficiencia en la gestión municipal. Apenas el 1,55 % de las solicitudes fue anulado, mientras el resto continúa en fase de análisis o asignación técnica.
La demanda se intensificó de manera significativa en el segundo trimestre del año. Mayo y junio marcaron picos históricos, con más de 3.600 y 6.900 trámites atendidos, respectivamente, reflejando la confianza ciudadana en los procesos de regularización.
Este dinamismo también se tradujo en un impacto económico relevante. Desde 2024, la DUMCE reporta una recaudación superior a los USD 2 millones derivada de estos procesos, lo que fortalece el catastro municipal y contribuye a la dinamización de la economía local.
Los resultados responden directamente a la quinta reforma a la Ordenanza para la Actualización Catastral, aprobada por el Concejo Municipal e impulsada por la concejala Emily Vera, orientada a simplificar trámites y ampliar el acceso a la regularización predial.
La reforma extiende el plazo para acogerse a estos beneficios hasta el 30 de junio de 2026, permitiendo que un mayor número de ciudadanos formalice sus predios y actividades económicas.
La medida está dirigida principalmente a pequeños negocios barriales, como panaderías, bazares y tiendas, que se encontraban en funcionamiento antes del 3 de agosto de 2022. Este enfoque reconoce el crecimiento urbano y socioeconómico posterior a la pandemia, periodo en el que numerosos hogares adaptaron sus viviendas para actividades productivas.
Asimismo, incorpora mejoras técnicas clave, entre ellas la fusión automática de predios en un solo solar sin trámites adicionales; la actualización de áreas de construcción sin requerir la presencia de todos los copropietarios (excepto en casos de fusiones y régimen de propiedad horizontal); y la regularización de edificaciones de hasta tres pisos y 400 m².
Finalmente, la quinta reforma amplía el criterio de preexistencia, al permitir la regularización de establecimientos con al menos cinco años consecutivos de operación previos a su publicación. Esto representa un avance frente a la cuarta reforma, que limitaba este criterio hasta el 3 de agosto de 2015, beneficiando a más guayaquileños mediante la formalización de sus actividades, el fortalecimiento de la economía barrial y la inclusión urbana.
