Con respaldo técnico, político y ciudadano, el Municipio de Guayaquil rechazó la disposición del Gobierno central que exige a la Prefectura del Guayas anular el registro ambiental de la solución vial que se ejecuta en la avenida del Bombero.
Durante una rueda de prensa realizada en el Salón de la Ciudad, con la presencia de 12 concejales y representantes de la ciudadela Los Ceibos y del Colectivo Vía a la Costa Progresa, autoridades municipales cuestionaron la legalidad y las implicaciones de la medida.
La directora de Ambiente, Isabel Tamariz, advirtió que el informe que sustenta la decisión carece de rigor técnico. “Para nosotros es sumamente preocupante cómo puede hacerse una comparativa de este tipo y utilizar la normativa ambiental de una manera tan arbitraria”, señaló, al referirse a la comparación entre un paso elevado y una obra de pavimentación de 42 kilómetros. Además, alertó que el documento “entre líneas, amenaza a la Prefectura con toparle la acreditación ambiental”.
La vicealcaldesa Tatiana Coronel denunció un trasfondo político en la resolución del Ministerio de Ambiente. "Pretenden perjudicar una relación de más de 30 años con la CAF (…). Y aunque hoy nos arrebatan de manera ilegítima esta obra, sí le queremos dejar en claro al país lo que están haciendo con esta ciudad. Porque no se trata solamente de un paso elevado, se trata de que quieren reducir, humillar y frenar el desarrollo de la ciudad (…). Mañana viernes 25 de julio, el orgullo guayaquileño se defiende”, haciendo un llamado ciudadano a respaldar la autonomía de Guayaquil.
Desde el Concejo Municipal, también se alzaron voces de rechazo. La concejal Emily Vera calificó la medida como un atentado contra la descentralización: “marca un precedente nefasto para la autonomía de los gobiernos descentralizados”. Cuestionó además la falta de sustento técnico para retirar permisos ya concedidos y recordó que “no es la primera vez que Guayaquil tiene que luchar por lo que le corresponde”, en referencia a los ocho meses que le tomó al Gobierno firmar la garantía soberana del Quinto Acueducto.
El impacto para la ciudad no es solo político, sino también económico. Carlos Vásquez, director general de Obras Públicas, advirtió que están en juego cerca de 30.000 empleos vinculados a 40 obras municipales que están en la programación, con una inversión que supera USD 100 millones. “Obras como parques, canchas a lo largo y ancho de la ciudad, en la zona de Sergio Toral. Tenemos previsto también dotar de agua potable a la zona de Monte Sinaí, con el Quinto Acueducto, que también forma parte de esta operación de crédito con la CAF”, concluyó.
