Un total de 46 procesos de contratación pública fueron suspendidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), afectando directamente la ejecución de obras, mantenimiento urbano, infraestructura tecnológica y programas sociales del Municipio de Guayaquil y sus empresas públicas.
Así lo explicó, ante medios de comunicación, el coordinador jurídico de la institución, abogado César Poveda Valdivieso, durante una rueda de prensa. “Este nuevo bloqueo tiene, nada más y nada menos, que 33 procesos suspendidos desde el 19 de este mes en el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, y además 13 procesos suspendidos en las distintas empresas públicas”, dijo.
Según lo expuesto, la suspensión no afecta contratos aislados, sino la totalidad de los procesos elevados recientemente al SERCOP. Entre los proyectos detenidos se encuentran la reconstrucción del mercado del Guasmo Norte; el soterramiento de redes en Urdesa; la repotenciación en Sauces; el mantenimiento vial en el Suburbio y en el norte de la ciudad; la adquisición de luminarias; la modernización de infraestructura tecnológica; así como el funcionamiento de los Centros Especializados de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD).
“Tenemos a un Alcalde, en este momento secuestrado, y ahora se intenta secuestrar también a la ciudad (…) pretenden privarla de los servicios a los que tiene acceso. Esta represalia masiva está disfrazada únicamente de trámite, porque todo el poder está concentrado en castigar a la ciudad; es decir, a los ciudadanos”, enfatizó.
También permanecen suspendidos contratos relacionados con el mantenimiento de la Metrovía, la señalización y el sistema semafórico, la seguridad en la Terminal Terrestre, parques deportivos y el mantenimiento vial en la Vía a la Costa.
El Municipio sostiene que la paralización impacta directamente en la prestación de servicios esenciales y en la calidad de vida de la ciudadanía. La interrupción de obras públicas, programas de rehabilitación social, modernización tecnológica y proyectos de recuperación de espacios urbanos compromete la planificación municipal y limita la capacidad operativa de la administración.
Poveda afirmó que la intención sería ejercer presión sobre la administración: “Pretenden señalar directamente qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace desde un escritorio. Esta ciudad no está pidiendo favores. Esta ciudad tiene un presupuesto propio”.
Uno de los procesos señalados corresponde a la adquisición de software y hardware para fortalecer el andamiaje tecnológico municipal. Se trata de infraestructura que permite el seguimiento digital de trámites en ventanilla, el control de tiempos de respuesta y el monitoreo interno de la gestión. La suspensión de este contrato pone en riesgo la continuidad y eficiencia de los servicios administrativos.
De igual manera, se advirtió que la paralización del CETAD podría derivar en la interrupción de la atención a personas con problemas de dependencia, en un contexto en el que la ciudad enfrenta altos índices de violencia. Desde el Municipio se considera que estos programas forman parte de una estrategia integral de recuperación social y prevención del delito, al intervenir en factores estructurales que inciden en la criminalidad.
En el ámbito jurídico, la entidad municipal explicó que la suspensión se sustenta en un argumento administrativo relacionado con la certificación de la máxima autoridad dentro del sistema de compras públicas. El Municipio sostiene que dicha interpretación carece de base normativa, ya que la ley establece que quienes deben estar certificados son los operadores que intervienen directamente en el proceso contractual, función que en este caso fue delegada al Director de Compras Públicas, quien sí cuenta con la certificación correspondiente.
“Aquí no se puede decir absolutamente nada. Son procesos perfectos desde la foja uno hasta la foja mil, debidamente verificados de cabo a rabo (…) Tengo entendido que la señora alcaldesa subrogante ya cuenta con el certificado, por lo que no se puede esgrimir ninguna ausencia de formalidad”, aseguró el representante del Municipio de Guayaquil.
Se anticipó que se presentarán las justificaciones técnicas ante el SERCOP dentro del plazo establecido y que se evaluarán las acciones legales pertinentes en caso de que los bloqueos persistan. Asimismo, se informó que continuará ingresando nuevos procesos al sistema, en cumplimiento de su planificación anual.
Finalmente, el abogado César Poveda Valdivieso señaló que la paralización sostenida de contratos afecta directamente a la ciudadanía, al frenar proyectos que responden a demandas urbanas, sociales y de seguridad en una ciudad que supera los tres millones de habitantes.
“No permitir el acceso a luminarias, por ejemplo, es desconocer que estos sistemas cumplen una función disuasiva frente al delincuente común. Por supuesto que sí. Mientras más iluminada está una ciudad, menores índices de delincuencia común se registran (…) pero mientras esto continúe, lo único que ellos están demostrando es el odio por esta ciudad”, concluyó.
