La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG) alertó sobre prácticas industriales que están afectando el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, el cual está diseñado principalmente para recibir descargas domésticas. Entre estas prácticas constan la descarga de efluentes sin el tratamiento previo obligatorio y el uso excesivo de químicos en los procesos productivos, factores que reducen la eficiencia de las plantas y agravan la generación de malos olores.
El gerente general de EMAPAG, David Ortiz, informó que se han identificado alrededor de 90 industrias que no estarían cumpliendo con el tratamiento adecuado de sus vertidos, conforme a lo establecido en la normativa nacional, lo que genera sobrecargas en la red sanitaria.
“Imagínense desechos de harina de pescado que vienen desde la vía a Daule, cruzan toda la ciudad hasta llegar acá. Y, con el calor, es justamente cuando se generan mayores olores”, señaló Ortiz durante un recorrido de obra por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Merinos, ubicada junto a las lagunas de oxidación Guayacanes–Samanes.
A esta situación se suma la presencia de altas concentraciones de tensoactivos, compuestos utilizados principalmente en productos de limpieza, que afectan los procesos biológicos de las plantas de tratamiento. “Los niveles de tensoactivos que tienen los jabones y detergentes que se producen en el país triplican la norma internacional. Esto genera complicaciones para la salud y es nocivo para el ambiente”, advirtió.
EMAPAG informó que esta problemática ya ha sido advertida a las autoridades nacionales competentes y que se requiere una acción coordinada para corregirla. “Necesitamos conversar con el Ministerio del Ambiente; también necesitamos conversar con el Ministerio de la Producción”, señaló el gerente general de la entidad.
Finalmente, Ortiz remarcó que trasladar al sistema público el procesamiento de descargas industriales tendría un impacto económico para la ciudad. “Si quisiéramos asumir ese tratamiento como ciudad, significaría que los ciudadanos estaríamos subsidiando procesos que deben ser asumidos por las propias empresas”, concluyó.
