El alcalde Aquiles Alvarez, denunció que el adelantamiento de la audiencia de juicio en el denominado caso Triple A, ahora fijada para el 24 de diciembre de 2025, responde a una estrategia política orientada a estigmatizarlo y a impedir una eventual candidatura en futuros procesos electorales. Durante su enlace radial, de este 17 de diciembre, el Burgomaestre advirtió que estas acciones forman parte de un patrón sistemático de persecución contra figuras de oposición. “Ellos quieren, buscan estigmatizar y buscan que yo no me pueda candidatizar para una reelección o para cualquier otra elección”, afirmó.
En esa misma línea, comparó su situación con otros casos recientes y cuestionó el uso del sistema judicial con fines políticos. “Está clarísimo. Si ya lo hicieron con Topic; le eliminaron, le borraron el partido político Construye a María Paula Romo, o sea, todo lo que huela a oposición para ellos, lo quieren eliminar. Pero aquí estamos, nosotros vamos a estar aquí, voy a estar en la audiencia, y por supuesto que vamos a enfrentar todo”, añadió.
Además, confirmó que asistirá a la audiencia, prevista para los días 24, 28, 29 y 30 de diciembre en Quito, y aseguró que enfrentará el proceso con firmeza. “Siempre estoy listo y vamos a ir, vamos a comparecer”. Cuestionó el adelantamiento de la diligencia, inicialmente programada para enero de 2026, calificándolo de “malicia judicial” y de “ganas de joder”, al fijarse en plena Navidad sin que exista urgencia procesal. En este contexto, señaló coincidencias que consideró sospechosas, como la participación del mismo juez en otros casos sensibles, y contrastó la rapidez de su proceso con la lentitud en juicios contra organizaciones delictivas y estructuras de narcotráfico.
Alvarez enumeró una serie de acciones que, a su juicio, responden a un calendario político: vinculaciones antes de elecciones, imposición de grillete en fechas festivas, allanamientos en días simbólicos y ahora un juicio en Navidad, todo orientado “para la foto” y la estigmatización pública.
En cuanto al fondo del proceso, defendió su inocencia y explicó que su rol como gerente de una comercializadora de combustibles se limitaba a la intermediación, sin responsabilidad sobre la distribución final del producto. Detalló que la responsabilidad concluye al entregar la orden en el terminal, donde el tanquero del distribuidor carga y transporta el combustible, y que todas las operaciones se realizan mediante transferencias bancarias, con facturas registradas en el SRI y respaldadas por informes de la UAFE sin indicios de irregularidades.
En ese marco, contrastó su caso con el de la distribuidora Petronoboa, que habría vendido combustible de forma ilícita a sus industrias y anulado 6.000 facturas en el SRI en un solo día. “¿Dónde está la materia del delito? Enséñame un tanquero de combustible retenido, enséñame uno, un galón de combustible que me enseñen, (aunque sea en una botellita como esta de agua que haya sido desviado. No hay, todo es subjetivo, todo es armado, no hay pruebas, tenemos siete peritajes y los siete peritajes dicen que no hay ningún motivo para justificar una denuncia por desvío de combustible”, sostuvo.
En este contexto, anunció que su defensa presentará pruebas, testigos y contrainterrogatorios, y confirmó que ya interpuso una denuncia ante la CIDH por presuntas nulidades y atropellos en el proceso, advirtiendo que este caso “va a traer cola” y tendrá repercusión internacional.
Finalmente, Alvarez cuestionó duramente al Gobierno nacional por la falta de resultados en obras, salud y seguridad, y por concentrar esfuerzos en perseguir a la oposición. “Cero obras en el país, un gobierno que no supera el 25% de valoración”, concluyó.
