La Alcaldía de Guayaquil denunció la suspensión arbitraria de siete procesos de contratación pública destinados a la difusión de obras, servicios, campañas y acciones municipales, con el evidente propósito de impedir que la ciudadanía guayaquileña reciba información directa y oportuna sobre la gestión del Cabildo.
Así lo advirtió el coordinador general jurídico del Municipio, Abg. César Poveda Valdivieso, durante una rueda de prensa desarrollada la mañana de este lunes 2 de febrero. “Este Municipio se ve en la necesidad imperiosa y casi ineludible de convocarlos a ustedes, como medios de comunicación independientes, para exponerles el vejamen al que se pretende someter a esta ciudad. ¿Y cómo se pretende someterla? A través de un bloqueo sistemático, disfrazado de un control berreta, encabezado directamente por un verdugo con ínfulas de burócrata, pero tibio, al fin y al cabo”, dijo.
Además, denunció que estas suspensiones, ordenadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), obedecen a una retaliación política, pues se produjeron apenas 24 horas después de que el alcalde Aquiles Alvarez publicara, el pasado 27 de enero, un video en el que expuso con claridad el desgobierno nacional y la falta de fiscalización frente a diversos escándalos.
Según Poveda, se busca silenciar al Municipio y limitar su capacidad de comunicación tanto con la prensa como con el pueblo, único mandante legítimo. “El Municipio de Guayaquil ha respetado absolutamente todos y cada uno de los estamentos legales necesarios para llevar adelante procesos de contratación pública en el ámbito de la comunicación. Sin embargo, del otro lado, como respuesta inmediata, comienzan con la mutilación de nuestra capacidad comunicacional”, enfatizó.
Especificó que, mientras el Cabildo es fiel observador de los principios de la contratación pública, “de la otra parte” no existe debido proceso, razonabilidad ni legitimidad en lo actuado. “El control es indispensable. Nosotros jamás vamos a estar en contra del control. Que vengan a auditar cuantas veces sea necesario, no solo ellos, sino todos los órganos de control involucrados. Lo que no vamos a aceptar jamás es que las reglas del juego sean cambiadas cada vez que a ellos se les ocurre. (…) No vamos a permitir criterios inconsistentes ni sistemas obsoletos y caducos, obedientes únicamente a la voluntad antojadiza de un individuo”, acotó.
El funcionario detalló tres de los casos afectados, evidenciando la inconsistencia y la falta de sustento legal de las decisiones adoptadas por el SERCOP.
En el proceso con Diario El Universo, explicó que el organismo insiste en una interpretación errónea al exigir ofertas comparables de productos idénticos, ignorando que los medios de comunicación ofrecen alcances, audiencias y nichos propios que no pueden equipararse a bienes comunes. Además, señaló que se confunde la contratación simultánea (permitida por la norma) con la subdivisión prohibida.
En el caso de Ecuavisa, el SERCOP bloqueó inicialmente el portal para impedir la carga de la resolución que declaraba desierto un proceso anterior y, posteriormente, suspendió el nuevo procedimiento alegando duplicidad, imputando así al Municipio las consecuencias de su propio bloqueo.
Respecto a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), indicó que el organismo exige el cumplimiento estricto de porcentajes legales de contratación con medios públicos, comunitarios y privados, aun cuando en el mercado digital prácticamente no existen medios públicos ni comunitarios suficientes, configurando un objeto contractual imposible de cumplir.
En cuanto a Diario Extra (medio de mayor circulación nacional), el proceso aún no ha sido suspendido; sin embargo, Poveda advirtió que el SERCOP podría objetar la ausencia de formularios que el propio organismo derogó previamente, lo que constituiría una exigencia absurda y de aplicación retroactiva.
“¿Acaso estamos en la Rusia estalinista? ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pretenden callar al Municipio de Guayaquil? Ni la Rusia estalinista ni la Alemania fascista. Esto es Guayaquil, y a esta ciudad se la va a respetar. Y si no lo quieren aprender por las buenas, lo van a aprender por las malas”, fustigó.
Finalmente, el funcionario aseguró que la administración municipal no descarta iniciar las acciones administrativas y judiciales correspondientes, en el momento oportuno, para defender el derecho de la ciudad a estar informada y el legítimo ejercicio de sus competencias.
