La mesa consultiva convocada por Segura EP, integrada por diversas instituciones técnicas y municipales, analizó este miércoles 18 de febrero la situación del complejo de edificios Multicomercio. En la sesión se ratificó el riesgo inminente que representan las torres aún en pie y se adoptaron decisiones inmediatas para avanzar hacia su demolición controlada, priorizando la salvaguarda de vidas humanas por encima de cualquier bien material.
El gerente general de Segura EP, Álex Anchundia, informó que el consejo mantuvo el perímetro de seguridad de 100 metros alrededor del predio y acordó realizar estudios técnicos más profundos mediante herramientas tecnológicas, dado que el acceso físico al edificio continúa restringido.
Paralelamente, el Municipio de Guayaquil revisará los aspectos administrativos necesarios para ejecutar el derrocamiento en el menor tiempo posible.
“La prioridad número uno —y así lo hemos concordado en esta mesa— es que la seguridad no se negocia; la seguridad es lo primero. Sabemos y lamentamos las pérdidas materiales que han tenido los afectados. Gracias a Dios no ha habido pérdidas humanas y, ahora que ya pasó la emergencia, poner en riesgo a alguien realmente no sería lógico. El edificio debe ser demolido para que se recupere la seguridad en ese sector”, señaló.
Anchundia destacó que, hasta la fecha, se ha atendido a las familias afectadas, con un registro de 120 núcleos familiares que ocupaban departamentos, locales comerciales y parqueaderos. Además, indicó que desde la Municipalidad se ofrecieron albergues (que no fueron requeridos) y que se mantiene contacto permanente con los damnificados.
También anunció que se articularán operativos conjuntos con la Intendencia de Policía, el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Justicia y Vigilancia para inspeccionar locales y bodegas en el centro de Guayaquil que funcionan sin permisos o con almacenamiento desproporcionado, a fin de reducir riesgos similares.
“Vamos a articular operativos conjuntos que nos permitan controlar los permisos, pero también, con la fuerza pública, ingresar a estas edificaciones que —a vista cierta— se utilizan como bodegas, retirar la mercadería y sancionar como corresponde a quienes están generando riesgo para sus vecinos, para ellos mismos y para la ciudad”, refirió.
En la mesa participaron representantes del holding municipal, la Cámara de la Construcción, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, la Universidad Católica de Guayaquil, la Universidad de Guayaquil, el Cuerpo de Bomberos, consultores particulares y el Ministerio de Transporte e Infraestructura.
Anchundia agradeció los aportes recibidos y subrayó que, aunque aún faltan informes técnicos definitivos, la decisión de demoler las estructuras es irreversible por razones de seguridad ciudadana. Las vías aledañas permanecerán cerradas mientras persistan las torres, hasta que se ejecute la demolición de forma segura y expedita.
