Cumplir con la ordenanza que regula la ocupación del espacio público mediante la instalación de elementos de seguridad (rejas) puede representar un reto para algunos ciudadanos. Por ello, el Municipio de Guayaquil recuerda que ha habilitado tres herramientas gratuitas de acompañamiento que permiten realizar el trámite de manera correcta, informada y sin contratiempos.
La normativa, trabajada desde finales de 2023 y vigente desde el 19 de enero de 2024, establece un marco técnico y jurídico que permite a los barrios organizarse y reforzar su seguridad sin afectar la movilidad, la accesibilidad ni el orden urbano, ni contravenir principios constitucionales. Al tratarse de una ordenanza pionera a nivel nacional, el Cabildo reconoce que algunos solicitantes pueden sentirse desorientados en las primeras etapas del proceso.
Desde su aplicación, se han registrado 1.220 solicitudes. De ese total, 139 han sido aprobadas, 23 corresponden a renovaciones, 52 fueron negadas por incumplimientos técnicos y el resto continúa en trámite. Los procesos culminados han permitido que 139 colectivos barriales cuenten con autorización para instalar sus elementos de seguridad, beneficiando a aproximadamente 5.200 familias en distintos sectores de la ciudad.
Para garantizar un acceso informado y transparente, la Alcaldía ha puesto a disposición tres herramientas gratuitas. La primera es un video tutorial disponible desde el inicio del proceso digital, que explica paso a paso cada etapa antes de iniciar la solicitud. La segunda es la asesoría presencial en la Dirección General de Uso del Espacio y Vía Pública, ubicada en el Paseo Arosemena del Palacio Municipal. La tercera corresponde al Infocentro del Palacio Municipal, donde los solicitantes pueden utilizar computadoras municipales con acceso a internet y recibir acompañamiento personalizado para cargar su información en el sistema.
Desde el 1 de octubre de 2025, el trámite se realiza de manera 100% digital. Cada avance o requerimiento de subsanación es notificado automáticamente por correo electrónico, lo que permite a los ciudadanos dar seguimiento permanente a su solicitud.
Entre los principales criterios de evaluación consta contar con el respaldo del 70% de los propietarios de la zona de influencia y la instalación de cualquiera de los tres modelos de puertas establecidos en la ordenanza, diseñados para garantizar la accesibilidad universal, la libre circulación peatonal y vehicular, así como el acceso irrestricto de los vehículos de emergencia.
El análisis de las solicitudes ingresadas evidencia que los trámites suelen detenerse por tres causas recurrentes: no presentar la designación del representante del colectivo barrial, figura clave para la comunicación y el control posterior; entregar autorizaciones que no cuentan con la firma del propietario del bien; o registrar coordenadas GPS que no corresponden al lugar real de instalación de los elementos de seguridad.
En relación con los costos, Andrés Concha, director de Vía Pública, explicó que el trámite no representa una carga económica significativa. “Primero la tasa administrativa para el ingreso de la solicitud es de apenas 24 dólares (…) y cuando sale favorable el valor máximo llegará a los 75 dólares anualmente”, dijo. En el caso de dos puertas, el valor no supera los 100 dólares y se divide entre los vecinos solicitantes.
El Municipio recordó que el plazo para regularizar elementos de seguridad preexistentes se mantiene vigente hasta el 31 de julio de 2026 e invitó a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales y aprovechar las herramientas de acompañamiento disponibles.
