El Concejo Municipal de Guayaquil, presidido por el alcalde Aquiles Alvarez, aprobó dos ordenanzas clave que apuntan a modernizar la gestión municipal y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos: una que agiliza la extinción del patrimonio familiar en terrenos legalizados por el Municipio y otra que actualiza el Sistema de Protección Integral de Derechos del cantón.
En primer debate, el Concejo dio paso al proyecto de Ordenanza de Extinción del Patrimonio Familiar Constituido en las Legalizaciones de Terrenos Efectuadas por la M. I. Municipalidad de Guayaquil, una normativa que busca poner fin a procesos administrativos largos y complejos que han afectado a miles de familias durante décadas.
La concejala Emily Vera explicó que, por más de 30 años, el Municipio incorporó de forma obligatoria la figura del patrimonio familiar en la legalización de terrenos como un mecanismo para evitar el tráfico de tierras. Sin embargo, esta medida terminó generando limitaciones al dominio y trámites prolongados para quienes deseaban extinguir este gravamen.
La nueva ordenanza plantea un mecanismo ágil y coordinado con las notarías, eliminando cargas innecesarias y tiempos de espera, lo que permitirá a las familias resolver este proceso de forma más eficiente. Entre los principales beneficios se destacan la coordinación interinstitucional, la reducción de burocracia, la simplificación de procedimientos y la transferencia de la verificación de requisitos al Registro de la Propiedad.
“En ese sentido, esta Administración plantea la anuencia del Gobierno Municipal para que los fedatarios públicos gestionen directamente y de manera coordinada estas solicitudes”, dijo Vera.
El Burgomaestre respaldó la iniciativa y fue enfático al señalar que esta reforma busca erradicar la “tramitología prehistórica” y posibles retrasos intencionales. Subrayó que la ordenanza precalifica la autorización municipal, permitiendo que los notarios gestionen directamente las solicitudes sin intermediaciones innecesarias.
A su vez, el secretario municipal, David Norero, indicó que la propuesta responde a la directriz de trámites ágiles y cero papeles, facilitando que los ciudadanos resuelvan este problema sin esperar meses por informes o aprobaciones del Concejo y eliminando cualquier suspicacia burocrática.
En segundo debate, el Concejo aprobó la Ordenanza Sustitutiva que Regula y Actualiza la Conformación, Organización y Funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos del Cantón Guayaquil, una normativa que reemplaza un marco legal vigente desde hace una década.
La vicealcaldesa Tatiana Coronel, presidenta delegada del Consejo de Protección de Derechos, explicó que la actualización era necesaria para definir con mayor claridad la estructura del sistema, las competencias de sus organismos y el funcionamiento del Consejo, además de fortalecer la participación ciudadana mediante la conformación de consejos consultivos.
Durante el debate, Coronel incorporó, a partir de las observaciones de la concejala Blanca López y un informe de la Procuraduría Síndica, una disposición que obliga al Consejo Cantonal de Derechos a recopilar, analizar y difundir información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en el cantón, especialmente de los grupos de atención prioritaria, como insumo para la formulación de políticas públicas.
El alcalde Aquiles Alvarez también respaldó esta actualización normativa y destacó el incremento del presupuesto destinado a la protección integral de derechos. “Hemos trabajado duro por la protección integral de derechos. Este año se aumentó el presupuesto considerablemente en un valor un poco mayor de 500 mil dólares porque entendemos que lo que más se necesita es este tipo de acciones para buscar prevenir muchísimas situaciones complicadas”, concluyó.
